La semana pasada se habían habilitado nueve; la empresa había advertido por despidos si no se autorizaban.
La Dirección General de Servicios Agrícolas autorizó en las últimas horas otros cinco agroquímicos que la empresa UPM ya venía utilizando de forma irregular en el vivero forestal Santana en la ciudad de Guichón en Paysandú.
La resolución fue tomada por el director Leonardo Olivera a partir de una solicitud emitida por la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Uno de los trámites se había iniciado el 16 de setiembre mientras que el otro el 14 de octubre.
La autorización se produce en el medio de la polémica dado que los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Ambiente (MA) confirmaron a principios de octubre que UPM estaba utilizando estos productos sin habilitación por lo que están en trámites para multarla. Ambiente fijó la sanción en $1 millón mientras que el MGAP aún no la definió. La semana pasada, Servicios Agrícolas había autorizado otros nueve agroquímicos para su uso en viveros forestales.
En este caso, los principios activos habilitados son: Azufre, Procimidona, Iprodiona, Fenhexamid y Ciprodinil + Fludioxonil.
La resolución, a la que accedió El Observador, subraya que “no representan riesgos para el ambiente y organismos no objetivo debido a su modo de uso (viveros/ invernáculos)”. “De acuerdo a la evaluación técnica efectuada y en base a la información aportada”, las dosis indicadas de los productos han mostrado “eficacia biológica para el control de las plagas y malezas involucradas en los cultivos de referencia”, agrega el documento. A su vez, destaca que se ha realizado la evaluación de peligrosidad y que en función de la misma se aplicarán recomendaciones de uso y medidas de mitigación para la salud humana. Entre los recaudos menciona usar guantes de latex; mameluco impermeable; botas; careta antiparras y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos.
Uno de los productos es “muy tóxico” para organismos acuáticos, otro es “altamente tóxico” y tres son “moderadamente tóxicos”. Las aprobaciones serán por un año desde que sean impresas las nuevas etiquetas.
Tal como informó El Observador el sábado, la empresa había advertido al gobierno que de no autorizar estos productos era inviable la producción por lo que tendría que enviar a seguro de paro a trabajadores, una situación que se repetiría con otras empresas radicadas en la Sociedad de Productores Forestales (SPF).
El 14 de octubre, Ambiente emitió una resolución en la que señaló que UPM había “derivado” desde el vivero “sustancias contaminantes” hacia la cañada y el arroyo Santana por lo que era “pasible de ser sancionada” con una multa de hasta $ 1 millón (700 UR). La empresa presentó dentro de los diez días que tenía sus descargos y ahora Ambiente tiene 120 días para terminar de definir las multas.
La resolución también indicaba que UPM debía presentar una serie de datos ante organismos públicos, hacer modificaciones en el vivero para evitar que los residuos terminen en el agua, y “cesar en forma inmediata y definitiva el uso de agroquímicos que no cuenten con el registro habilitante ante el MGAP”. Este último punto fue el que provocó el reclamo de la empresa en Presidencia y ante los ministerios. A principios de octubre, el departamento de Fiscalización del MGAP emitió un informe que señaló que solo 2 de los 19 agroquímicos que UPM utilizaba en Santana estaban autorizados.
Con las dos resoluciones emitidas en estos días, 14 de ellos pasaron a quedar habilitados. La semana pasada el MGAP también le comunicó oficialmente a la empresa que será sancionada. “Desde hace varios años la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) viene solicitando al sector (entre ellos a UPM) que envíe un listado de posibles productos, cuyo modo de uso pueda ser agregado a los registros existentes”, señala el documento del departamento de Fiscalización.
La Asociación de Vecinos de Guichón había denunciado que a ellos les costó “más de 10 años lograr que el Estado confirmara todas las denuncias” y la empresa “en una semana” hizo que el MGAP le autorice los productos que usó “por años sin autorización y que han causado ecocidio en la zona”. Desde la SPF dijeron a El Observador que los productos autorizados están registrados en Uruguay para uso en horticultura, fruticultura y agricultura, por lo que ya estaba demostrado que cumplían con temas agronómicos, toxicológicos y ambientales.
A su vez, remitieron a un comunicado que menciona que las empresas forestales aplican estos productos en condiciones controladas y en el marco de certificaciones internacionales que son evaluados periódicamente por auditores independientes. “Por otro lado, estos productos se utilizan en toda la región (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay) en producción de alimentos y forestación con fines comerciales, con los registros correspondientes”, sentenciaron.
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